No es una novedad, el hecho de que desde hace ya algunos años, el mundo se encuentra atravesando una crisis multidimensional de escala planetaria y sin precedentes. La pandemia provocada por el virus Covid-19 no hace más que acelerar y profundizar las convulsionadas transformaciones que atraviesa el sistema productivo mundial y por lo tanto, el aparato social e institucional que de ella se desprende.
Estos cambios, son consecuencia de la llamada cuarta revolución industrial o tecnológica, producto de la inversión de miles de millones de dólares en el desarrollo de big data, internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, redes de 5g y bio y nanotecnología.
La región de América Latina y el Caribe no está exenta de tal transformación, y en este contexto se tienden a acrecentar las diferencias en una de las regiones más desiguales del mundo.
El reciente informe de la CEPAL, titulado: “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del COVID-19”, viene a demostrar cómo las estructuras productivas, los niveles de formalidad e informalidad, y la calidad de la infraestructura digital, condicionan la posibilidad que miles de trabajadores y trabajadoras encuentran para adaptarse a los cambios de las nuevas formas de producción y de trabajo. Veamos cuál es la situación de América Latina y el Caribe en estos aspectos.
Según la CEPAL, en Europa y los Estados Unidos, casi el 40% de los y las trabajadoras pueden trabajar desde su hogar. Distinto es el caso para América Latina y el Caribe, en donde el número se reduce a alrededor del 21,3% de las y los ocupados. La gran diferencia entre estos números se debe, en primer lugar, a consecuencia de los elevados niveles de informalidad existentes en nuestra región, que alcanza al 50% de los y las trabajadoras, en su mayoría, concentrado en sectores que necesitan la interacción física para desarrollarlo, por lo que no se pueden realizar de forma remota. En segundo lugar, dentro de los trabajos formales, la estructura productiva de la región limita el porcentaje de ocupaciones que pueden migrar al teletrabajo debido a la alta concentración de trabajadores en actividades que necesitan interacción social y presencia física.
Cabe destacar que las actividades con mayor posibilidad de teletrabajo son los servicios profesionales, científicos y técnicos, finanzas y seguros, que en nuestra región significan menos del 20% de los y las ocupadas. Por su parte, las actividades como el comercio y la agricultura, que ocupan un importante porcentaje de trabajadores y trabajadoras en la región, no pueden desarrollarse de manera remota.
El mismo informe señala que otro de los factores fundamentales a la hora de realizar teletrabajo corresponde a la infraestructura digital, al nivel de digitalización de las empresas y a las habilidades digitales existentes, existiendo aquí importantes diferencias en los países de nuestra región. Mientras encontramos países como República Dominicana, en donde estos factores reducen a un 11% las posibilidades de teletrabajar; y otros, como es el caso de Chile y Uruguay, en donde este porcentaje se reduce al 1% y 3% respectivamente.
Respecto a las habilidades digitales, el informe muestra que aquellos trabajadores y trabajadoras que tienen un mayor nivel de formación, y en promedio, reciben mayores salarios, van a mostrar una mayor potencialidad para la adaptación, que aquellos que así no lo hagan.
Hasta el momento, vemos que mientras más se extienda la cuarentena y la suspensión de actividades económicas en nuestra región, producto de la crisis antes mencionada, mayores serán las consecuencias para los y las trabajadoras que no pueden adaptarse a estos radicales cambios, lo que aumenta la vulnerabilidad y la desigualdad. Sin contar que quienes desarrollan actividades básicas o manuales están más expuestos a la informalidad, la reducción salarial y la pérdida del empleo.
Si realmente queremos pensar esta crisis que atraviesa al mundo del trabajo como una oportunidad para los y las trabajadoras, es necesario trabajar en pos de:
un cambio estructural que achique las marcadas brechas entre los que más riquezas poseen y los que poco o nada tienen, lo que implicaría nuevas y novedosas formas de distribución equitativa del PBI;
una gestión de políticas que tiendan a la democratización en materia de accesibilidad a la conectividad y a los medios tecnológicos que permiten su uso;
y un desarrollo de las habilidades digitales.
Para ello se vuelve imprescindible generar espacios de participación y poder de decisión, que permitan la gestión, la planificación, la ejecución y la evaluación de programas y acciones que vayan en este sentido y que reúnan en distintas mesas de diálogo a diversos actores del mundo del trabajo como lo son: organismos internacionales, gobiernos, empresas privadas y de gestión estatal, y fundamentalmente trabajadores y trabajadoras organizados en sindicatos, gremios, cooperativas y cualquier otra forma de organización del sector.