El 24 de marzo de 1976 marcó el inicio de la dictadura más sangrienta de la historia argentina, que vino a imponer un proyecto económico que transformó el país en beneficio de los grandes grupos financieros y en perjuicio de la clase trabajadora. Con la represión como herramienta y la deuda como motor, se desmanteló el modelo industrial, se pulverizó el salario real y se consolidó un esquema de valorización y especulación financiera que transformó nuestra estructura productiva.
Casi cinco décadas después el pueblo argentino se enfrenta nuevamente a las políticas de ajuste, endeudamiento y flexibilización laboral que vuelven a estar en el centro del escenario bajo el gobierno de Javier Milei, que repite el mismo programa que ya demostró su fracaso una y otra vez.
Frente al retorno neoliberal en la conducción del gobierno, la lucha por Memoria, Verdad y Justicia no es solo un ejercicio revisionista del pasado, sino una herramienta imprescindible para comprender el presente y resistir un modelo que, como entonces, pretende imponer la miseria planificada.
Consecuencias económicas: ajuste y aumento de la explotación laboral
El autodenominado “Proceso de reorganización nacional” del ´76 que tuvo como Ministro de Economía a Alfredo Martínez de Hoz (cuadro orgánico de Acindar y de FIEL), reemplazó la dinámica económica, social y política derivada del modelo de Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), por el libre comercio y la valorización financiera, favoreciendo la fuga de capitales y la concentración del ingreso en grandes grupos económicos y actores del sector financiero.
Sus principales instrumentos fueron la Reforma Financiera de 1977, la apertura comercial de 1979 y la política de endeudamiento externo. Estas medidas generaron un fuerte aumento de las importaciones, afectando la competitividad de la industria nacional, lo que llevó al cierre de más de 20.000 establecimientos manufactureros y a una caída del 20% en el producto bruto industrial entre 1976 y 1983 (Schorr, 2012).
El paralelismo entre las políticas económicas implementadas por Martinez de Hoz y las del actual ministro de economía Luis “Toto” Caputo, es evidente: reducción salarial, ajuste del mercado laboral, apertura asimétrica al exterior, liberalización generalizada de los mercados, eliminación del sistema de control de precios, incremento del tipo de cambio, falta de control en la venta de divisas, eliminación de retenciones a la exportación de productos agropecuarios, entre otras. Todo lo anterior acompañado con la reducción y achicamiento del Estado y la privatización de empresas.
A iguales recetas, iguales resultados: durante la dictadura en el sector industrial se registró la expulsión ininterrumpida de trabajadores durante 27 trimestres consecutivos, y en el primer año del actual gobierno ya son 28.124 los puestos de trabajo industriales eliminados. Y pensar que el gobierno de Javier Milei llega con el mote de “lo nuevo”, “el outsider” y no como el replicador de un plan que ya fracasó tres veces en el país.
Entre 1976 y 1982, la industria manufacturera redujo su empleo en un 34,3% y la jornada laboral media aumentó un 6%. Se produjo un crecimiento de la productividad pero sobre la base de la explotación de la mano de obra en un 37,6%. La distribución interna del ingreso industrial se incrementó al 69% de la apropiación del sector empresarial, costo laboral/productividad (Schorr, 2007).
Otro de los objetivos centrales de la dictadura militar fue el disciplinamiento de la clase trabajadora a través de la reducción de los salarios. Si tomamos como punto de partida el salario real promedio de 1974 como base de 100 puntos; para 1982, el salario real tuvo una caída total del 50% respecto al punto de partida. A continuación, se presenta un gráfico que ilustra la evolución del salario real en los asalariados entre 1974 y 1983.
Además, la caída del salario real y el aumento del desempleo debilitaron la capacidad de negociación de los trabajadores, quienes vieron reducida su participación en el ingreso nacional a mínimos históricos.
El modelo de valorización financiera y el endeudamiento con el FMI
Cómo dijimos anteriormente, estás políticas de gobierno desempeñaron un papel clave en la consolidación de un nuevo patrón de acumulación que favoreció la especulación financiera sobre la inversión productiva. La combinación de altas tasas de interés internas con la estabilidad del tipo de cambio incentivó la denominada "bicicleta financiera", un mecanismo mediante el cual los grandes grupos económicos se endeudaban en dólares a tasas bajas en el exterior y colocaban esos fondos en activos financieros locales de alto rendimiento, obteniendo beneficios extraordinarios (Azpiazu et al., 2004).
Luego de que este esquema colapsó en 1981, el gobierno implementó la estatización de la deuda privada, transfiriendo el costo del endeudamiento de los grandes conglomerados a toda la sociedad, lo que marcó un punto de inflexión en la consolidación del poder financiero sobre el industrial.
Si observamos el proceso de endeudamiento ocurrido en estos años, veremos caras conocidas. A pocos días de tomar el poder por la fuerza, la junta militar recibe el apoyo financiero del FMI que le permitió a Videla y compañía lograr cierta estabilidad económica al comienzo de su gobierno. La deuda externa creció de 8.000 millones de dólares en 1976 a 45.000 millones en 1983, un incremento del 462%.
Al igual que ocurrió en el Gobierno de Mauricio Macri y como todo indica que ocurrirá en el Gobierno de Javier Milei, el endeudamiento con el FMI no se hizo para ayudar al pueblo trabajador si no a los especuladores, el 50% del endeudamiento se utilizó para financiar el déficit fiscal, mientras que el otro 50% rescató a grandes empresas. Cualquier similitud es pura coincidencia.
Consecuencias políticas y responsabilidad empresarial
Desde lo político, la dictadura militar llevó a cabo un proceso sistemático de represión contra la clase trabajadora, con el objetivo de desarticular su capacidad de organización y resistencia. La represión tuvo un carácter político, económico y social, implementado mediante secuestros, desapariciones, intervenciones sindicales, despidos masivos y el desmantelamiento de la negociación colectiva.
En 1976, la CGT fue intervenida y el 80% de los sindicatos más grandes quedaron bajo control militar. Se prohibieron las negociaciones colectivas y las huelgas mediante la Ley 21.261 del 24 de marzo de 1976. Se eliminaron las paritarias y se modificó la Ley de Contrato de Trabajo para debilitar los derechos laborales (Damin, 2010). Se estima que el 67% de los desaparecidos durante la dictadura eran trabajadores, activistas o delegados sindicales (Basualdo, 2010).
El terrorismo de Estado no solo contó con la participación de las fuerzas armadas y de seguridad, sino que también involucró activamente a sectores del empresariado y de la iglesia católica. Empresas nacionales y multinacionales colaboraron con la represión proporcionando listas de trabajadores a ser perseguidos, facilitando la infraestructura para la detención ilegal y participando en el diseño de un nuevo marco normativo que limitaba los derechos laborales.
Entre las principales empresas involucradas se encuentran: Acindar, que proporcionó listas de trabajadores y cedió instalaciones para la represión; Ford Argentina, donde al menos 37 trabajadores fueron secuestrados dentro de la fábrica con la complicidad de la empresa; Mercedes-Benz, que entregó información sobre delegados sindicales y facilitó la desaparición de 14 empleados; Ingenio Ledesma, implicado en el secuestro de más de 20 trabajadores en la denominada "Noche del Apagón" en Jujuy y Fiat, donde numerosos delegados sindicales fueron perseguidos y desaparecidos tras operativos coordinados con las fuerzas armadas (CELS, FLACSO & Min. Justicia, 2015).
Estas empresas no solo participaron de la represión, sino que se beneficiaron de la implementación de un nuevo modelo laboral basado en la precarización y el debilitamiento sindical. Todo lo anterior permitió que un grupo selecto de conglomerados económicos, “los 4 o 5 vivos de siempre”, lograran consolidarse a través de la apropiación de rentas financieras y la reestructuración regresiva del aparato productivo.
De la tragedia a la farsa
El golpe de Estado de 1976 no solo instauró un régimen de terrorismo de Estado, sino que también reconfiguró la economía argentina bajo un modelo de desindustrialización, especulación financiera y precarización laboral. La consolidación de este esquema no terminó con la dictadura, sino que sentó las bases para las políticas neoliberales de los años ‘90 y, actualmente, para los programas de ajuste promovidos por el actual gobierno de Javier Milei.
El paralelismo es ineludible; al igual que en 1976, hoy se impulsa una apertura comercial sin regulación que destruye la industria local, se privilegia la especulación sobre la producción, se busca disciplinar a los trabajadores con una caída del salario real y una reforma laboral regresiva, y se acude al endeudamiento externo como herramienta de sostenimiento del modelo. Ayer fue la bicicleta financiera de Martínez de Hoz; hoy, el carry trade y la fuga de capitales bajo la política de Milei y Caputo.
Sin embargo, si la historia enseña algo, es que estos modelos tienen límites. La crisis de deuda que detonó en 2001 dejó en evidencia la inviabilidad de una economía basada en la valorización financiera. ¿Hasta cuándo podrá sostenerse la Argentina de Milei bajo los mismos fundamentos? ¿Cuánto más puede resistir una sociedad empobrecida y un aparato productivo en proceso de demolición?
La dictadura militar necesitó de la represión para imponer su modelo económico. Hoy, las formas de disciplinamiento son distintas, pero el objetivo es el mismo: debilitar a las organizaciones sindicales y sociales para facilitar una nueva transferencia de ingresos hacia los grupos económicos concentrados.
A 48 años, seguimos necesitando Memoria activa para comprender el presente, Verdad para desenmascarar a los responsables de la crisis y Justicia para que nunca más un proyecto económico de miseria se imponga sobre los derechos del pueblo trabajador.
Por Diego Lorca, Licenciado en Psicología, Director del Observatorio Internacional del Trabajo del Futuro - OITraF, asociado a Nodal.
Bibliografía:
Azpiazu, D., & Basualdo, V. (2004). Efectos de la dictadura en la industria manufacturera argentina. CEIL-CONICET.
Basualdo, V. (2010). Represión y transformación en el movimiento obrero argentino. Siglo XXI Editores.
CELS, FLACSO & Ministerio de Justicia. (2015). Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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