La globalización de la economía y su aceleración en los últimos años, acrecentado por el contexto de crisis internacional, ha provocado un aumento en la cantidad de trabajadores migrantes nunca antes visto en la historia de la humanidad.
Si bien algunos de los motivos por los cuales las personas toman la decisión de migrar pueden ser por conflictos en sus países de origen, persecuciones, desastres naturales o guerras, las y los trabajadores migrantes son la mayor proporción de migrantes en el mundo, debido a la búsqueda de mejores oportunidades económicas por el desempleo y aumento de la pobreza del país que emigran.
De acuerdo a datos recabados por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el año 2019, la mayoría de los migrantes internacionales (alrededor del 74%) estaban en edad de trabajar (20 a 64 años); la proporción de migrantes menores de 20 años correspondía al 14%, mientras que la de migrantes internacionales de 65 años o más se encontraba en torno al torno al 12%.
En general, los trabajadores migrantes altamente calificados, tienen mayores facilidades para asentarse en los países de acogida, que aquellos poco calificados. Sin embargo, en muchos casos, las habilidades con las que cuentan los migrantes están subutilizadas, debido a que, en el afán de conseguir empleo de manera rápida, suelen aceptar puestos para los cuales están sobre calificados, y en tantos otros casos en trabajos informales, incluso aun cuando pueden acceder a trabajos formales.
Otras de las causas son la falta de acceso a trabajos formales, disminución al acceso de la información en las ofertas laborales, que los empleadores no estén lo suficientemente informados sobre la situación migratoria, la falta de reconocimiento de sus niveles de calificación, el costo excesivo para convalidar títulos y diplomas o que no sean reconocidos en el país receptor, entre otros.
En este sentido, aquellos trabajadores migrantes menos calificados, tienen menor acceso a trabajos decentes y por lo general suelen tener empleos más precarizados. Estas condiciones de informalidad económica, como consecuencia, les impide acceder a seguros de desempleo, salud y a garantizar las condiciones básicas de bienestar tales como alimentación y vivienda.
En un informe realizado por el BID, se estimó que el año pasado en Europa había alrededor de 82 millones de migrantes y en Asia 84 millones, sumando entre los dos el 61% de la población mundial total de migrantes internacionales. A estas regiones, les siguen América del Norte, con casi 59 millones de migrantes internacionales (22%), África, con el 10%, América Latina y el Caribe, con el 4%, y Oceanía, con el 3%. De acuerdo a este organismo, si bien en promedio el índice de desempleo de la población migrante es similar a la población nativa a nivel mundial (6,6%), se presenta una brecha significativa en el nivel de informalidad, donde la población migrante participa en un promedio del 65% del sector informal y la población nativa en un 50%. En todos los casos, la población migrante presenta porcentajes mayores en el sector informal que la población nativa.
En este contexto de pandemia por el COVID-19, la situación se agudiza aún más, ya que este grupo constituyen una importante fuente de mano de obra en actividades económicas que se ven afectadas por la crisis sanitaria, como son los servicios, comercios, restaurantes, alojamiento y construcción.
Por su parte, el 23 de octubre de este año, la OIT y la OIM firmaron un acuerdo para establecer un marco de cooperación, colaboración y elaboración de políticas que tienen por objetivo fortalecer la gobernanza de la migración internacional e incentivar la cooperación, el desarrollo de capacidades, así como actividades conjuntas para promover los derechos de los y las migrantes y las oportunidades de trabajo decente. Además, que permitirá que estas instituciones refuercen el apoyo a sus respectivos miembros en la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y participen en otros debates y foros sobre políticas migratorias regionales y mundiales.
Ante este contexto, se ve la necesidad de poder articular políticas que velen por la seguridad y estabilidad laboral de la gran masa de trabajadores migrantes. No solo como tarea meramente de los Estados, y de los empleadores, sino también de las organizaciones sindicales, como garantes de los derechos laborales, alcanzados por sus luchas históricas; a fin que alcancen un trabajo digno que puedan contener las necesidades de estos trabajadores y trabajadoras, que muchas veces quedan librados a su suerte, haciéndolo frente a relaciones abusivas que se acentúan en contextos de irregularidad migratoria e informalidad laboral despojados de cualquier tipo de derechos.
Por el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro.