En medio de una crisis económica, y una marcada polarización, este domingo el pueblo de Brasil fue a las urnas para elegir entre candidatos que representan dos modelos políticos y económicos totalmente antagónicos. A pesar del resultado que da como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva, el mismo no alcanzó para ganar en primera vuelta, por lo que se vivirá un ballotage en el hermano país de Brasil.
Dos modelos en disputa
Desde el PT, Lula busca expresar los intereses políticos y económicos de los sectores populares, quienes tras el impacto de cinco años de bolsonarismo, recuerdan con nostalgia la bonanza producida por el ciclo de políticas progresistas, interrumpido por el impeachment contra Dilma Rousseff en 2015.
Bolsonaro, por su parte, ha consolidado una fuerza política que reúne a los actores más conservadores de la escena nacional. Forman parte de la alianza el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano, el Partido Laborista y el Partido Liberal, como también los sectores evangélicos, el movimiento pro-armas, junto a una fracción de las fuerzas militares. Bajo las consignas de “Dios, la familia y la libertad”, el cristianismo de derecha ha declarado que “es una guerra del bien contra el mal” y planea profundizar su modelo neoliberal.
El progresismo de Lula
Luiz Inácio Lula da Silva, compitió por primera vez por la presidencia de Brasil, en 1989 por el Partido de los Trabajadores (PT) cuando tenía 45 años, y perdió en segunda vuelta con Fernando Collor de Mello. En 1994 y 1998, volvió a las urnas y volvió a perder en ambas ocasiones, y en primera vuelta, con Fernando Henrique Cardoso.
Finalmente Lula, un candidato proveniente del sindicalismo brasileño, llegó al gobierno en 2002 y le tocó afrontar una dura situación económica. Al final de la segunda presidencia de Fernando Henrique Cardoso (1998-2002), Brasil estaba transitando una crisis económica: tras llegar a un pico del PBI de US$ 883.000 millones en 1997, para el año 2002 se había desplomado hasta los US$ 510.000 millones.
Al mismo tiempo el real se había devaluado a niveles históricos, había temores de que el país entraría en cesación de pagos —conocida como default y en la cual se encontraba Argentina— por su deuda de US$ 250.000 millones, y en agosto de ese año el Fondo Monetario Internacional ofreció un préstamo de US$ 30.000 millones para hacer frente a la crisis, uno de los rescates más grandes ofrecidos en la historia de la institución.
Con una gran deuda con el FMI, que condicionaba el desarrollo económico y político de Brasil en particular, pero de toda América latina en general, Lula decidió un programa de desendeudamiento y planificación soberana y canceló anticipadamente los compromisos que tenía con el organismo internacional. Gracias a la sostenida acumulación de reservas, por una mejora de la balanza comercial, Brasil logró cancelar sus compromisos por casi 15 mil millones de dólares, y ahorrar aproximadamente 900 millones en concepto de intereses.
A partir del desendeudamiento, se logró controlar la inflación y bajarla a niveles previos a su gestión. Además, se incrementó el PBI per cápita en un 30% entre 2003 y 2011. De esta forma y con mejores condiciones económicas, mejoró las condiciones de vida de la clase trabajadora. La tasa de desempleo disminuyó del 9,4% en 2002, al 6,9% hacia fin de 2011.
Elevó el salario mínimo de US $63,88, a US $336, y de esta forma benefició también a jubilados y pensionados cuyos ingresos se encontraban indexados al salario mínimo. Se implementaron programas sociales como Hambre Cero o Bolsa Familia. Redujo la pobreza a menos de la mitad, según el Banco Mundial, entre 2003 y 2011, la incidencia de la pobreza sobre la población total se redujo del 12,6% al 5,3%.
Brasil es uno de los países más desiguales del mundo, sin embargo entre el 2003 y 2010, los ingresos del 10% de la población más pobre crecieron un 8% anual: mucho más rápido que la economía y que los ingresos del 10% de la población más rica (+1,5%). La evolución de la participación de los ingresos del trabajo en el Producto Interior Bruto (PIB), pasó del 40% en 2000 al 43,6% en 2009.
En el ámbito de la educación, el programa ProUni da apoyo a los estudiantes de las familias modestas, mientras que la duración media de la escolarización pasó de 6,1 años en 1995 a 8,3 en 2010.
El programa de gobierno impulsado por Luiz Inácio Lula da Silva consta de los siguientes ejes: recuperar posiciones en el sistema estatal a través de elecciones; defender el sistema democrático; la lucha judicial contra el lawfare; el agregado de valor a las materias primas producidas en el país mediante la industrialización; políticas públicas en salud, educación, y empleo, entre otras.
Neoliberalismo bolsonarista
En 2016 se inició un retroceso en materia económica y social. La llegada al poder de Michel Temer, luego del impeachment contra Dilma Russeff, el encarcelamiento y proscripción de Lula da Silva, y la posterior asunción de Jair Bolsonaro, ex Capitán del Ejército, implicaron un retroceso democrático y económico.
La puesta en marcha de un programa neoliberal de privatizaciones y ajuste, sumado a la pandemia de COVID19, aceleró la crisis del gigante sudamericano. Esto llevó a una caída sin precedentes de su PBI y a entrar en recesión. De acuerdo con datos del Banco Mundial, esa caída del PBI en 2020 llegó al 4,1%.
En 2021, el desempleo alcanzó el 14,4%. El salario bajó a US $216,67. La población brasileña bajo la línea de la pobreza fue de 23 millones de personas, con ingresos menores a 210 reales. Si se compara con la pre-pandemia, hay 3,6 millones de personas pobres más. Actualmente más de 60% de la población sufre de inseguridad alimentaria a causa de la situación económica, y 15% es víctima diaria de hambre. Con Bolsonaro, Brasil volvió al Mapa de Hambre de Naciones Unidas, experimentando un retroceso de 30 años.
Entre las principales políticas implementadas por su gobierno, pueden mencionarse la militarización de la población; la presencia de fuerzas armadas, empresarios e iglesia evangélica en los órganos de gobierno, el intento de reformar el sistema electoral (electrónica a papel), las políticas anti vacunación de Covid-19, el ultraconservadurismo, el ultraliberalismo, la producción extractivista, la lucha contra la corrupción, la privatización de empresas como Electrobras, el intento de avanzar sobre Petrobras en el mismo sentido, sobre Agua y Saneamiento a nivel nacional y el Correo, el aumento de combustibles, además de la reducción del gasto público para la ayuda social, la persecución a líderes políticos, el rechazo a la legalización del Aborto y la deforestación del Amazonas junto al desplazamiento de los pueblos que viven en él. Todas ellas marcan el rumbo que tomará Brasil si Bolsonaro logra alcanzar la reelección.
En Brasil se juega la democracia y el bienestar de las y los trabajadores
Al igual que el resto de América Latina, Brasil no estuvo exento de las políticas de ajuste y miseria del consenso de Washington, aplicadas en la región a través de las dictaduras militares financiadas por el Plan Cóndor. La llegada de Lula al poder significó el fin de esas políticas y el comienzo de una real distribución del ingreso en uno de los países más desiguales del mundo.
Después de 20 años, ya sin golpes militares, pero también enmarcado en un plan continental, persiguieron, destituyeron y encarcelaron a dirigentas y dirigentes populares a través del llamado lawfare, en complicidad del poder judicial, económico y de los grandes medios de comunicación con el solo fin de terminar con un ciclo de desendeudamiento, crecimiento y distribución en América Latina.
Claramente, este domingo en Brasil el pueblo elige entre dos modelos que representan intereses contrapuestos; democracia o fascismo, inclusión social o ajuste seguido de represión. Se juega el futuro del poder adquisitivo del salario, de los derechos laborales y sindicales, del bienestar de las y los jubilados.
Pero también se juega la posibilidad de que una nueva victoria del progresismo en latinoamérica, y sobre todo en el motor económico de la región, ponga en movimiento un proceso de integración regional económica, política y social que genere mejores condiciones materiales dignas para las y los trabajadores.
La posibilidad de un nuevo gobierno de Lula, en una alianza de diferentes sectores de la sociedad brasileña, que contiene desde empresarios concentrados de la burguesía paulista, hasta los movimientos sociales y obreros, hace imprescindible la participación y movilización de estos últimos para lograr que un nuevo gobierno de Lula vuelva a generar las transformaciones necesarias para la dignidad de las grandes mayorías.
Bibliografía:
Nodal: Radiografía del Brasil de Bolsonaro – Por Paula Giménez y Matías Caciabue
Por el Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro
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