Un paro nacional que lleva ya más de 10 días y que está golpeando fuerte al Gobierno colombiano, expone una matriz política, social y productiva ligada al militarismo, paramilitarismo, narcotráfico y libre mercado.
Para entender cómo llegó el país a esta situación hay que remontarse al denominado “Plan Colombia”, un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos firmado en 1999 y que tenía tres objetivos específicos: generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos.
Pero nada de eso sucedió, por el contrario, hoy vemos un aumento sistemático de la desigualdad social y la violencia, un aumento en el uso de paramilitares contra la guerrilla de las FARC-EP, 7 bases militares de EE.UU. quien ha destinado 9 mil millones de dólares en ayuda, principalmente militar en las últimas décadas. En cuanto a la estrategia antinarcóticos, Colombia es actualmente según la ONU, el responsable del 70% de la cocaína en el mundo.
En un contexto atravesado por la pandemia del COVID-19 donde las y los trabajadores de América Latina han sido de los más perjudicados del mundo, el Gobierno colombiano decidió aplicar un aumento de impuestos.
Ley de Solidaridad Sostenible: ¿Para quiénes?
El presidente de Colombia, Iván Duque, presentó el 15 de abril ante el Congreso un proyecto de Ley que llevaba el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, y que tenía por objetivo llevar adelante una reforma impositiva para recaudar 6.300 millones de dólares, lo que equivale al 2% del PIB colombiano. Lo conflictivo del proyecto es que la clase trabajadora aportaría el 74% del dinero, mientras que las empresas y las grandes fortunas el 26% restante.
Dicho proyecto desencadenó un descontento generalizado en la población que desató la convocatoria de un paro nacional que comenzó el día 28 de abril y continúa hasta la fecha. La respuesta del Estado a la multitudinaria movilización social fue una violenta represión. Las fuerzas militares y policiales intentan tomar el control de las ciudades y campos por la fuerza, disparando indiscriminadamente contra la población, sin el mínimo respeto por los Derechos Humanos.
Según datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, entre el 28 de abril y el 4 de mayo se contabilizan 31 personas asesinadas, más de 1.220 heridos, 9 casos de violencia sexual dirigidos a mujeres, 87 desaparecidos, 18 víctimas de heridas en los ojos, y 1.565 hechos violentos que podrían ser más dados la cantidad de registros audiovisuales existentes.
Las manifestaciones llevadas adelante por el Comité del Paro Nacional, que agrupa a un conjunto heterogéneo de más de 40 organizaciones, lograron el domingo 2 de mayo el retiro del proyecto de Ley presentado por el Gobierno Nacional, y la posterior renuncia del Ministro de Hacienda de la Nación, Alberto Carrasquilla.
Además de la crisis política que se vive en Colombia y que se vio agudizada en los últimos días, se observa también una profunda crisis sanitaria producto de la pandemia de Covid-19, que al día 8 de mayo acumula 77,854 fallecimientos y 93.939 casos activos.
Economía y Fuerza Laboral
A esta crisis política y sanitaria que vive el país latinoamericano hay que sumarle la crisis económica en la que está inmerso. Colombia cuenta con una población de 42.8 millones de habitantes según el último censo nacional, de la que 19.9 millones de personas constituyen la población económicamente activa, una tasa de desempleo del 17,3% a enero del 2021 y, según la CEPAL, un 38,7% de personas en situación de pobreza. Según el Banco de la República de Colombia, en enero de 2021, el saldo de la deuda externa alcanzó los 156.834 millones de dólares, lo que equivale al 51,8% del PIB del país.
El salario mínimo promedio es de 224 dólares, mientras que se observa una diferencia por género de 227 dólares para hombres y 219 para mujeres. Asimismo, las mujeres de Colombia no sólo padecen la desigualdad salarial, sino también la exclusión laboral y desempleo, además son las principales encargadas del cuidado no remunerado de niños, niñas y ancianos.
Además se observa un aumento de la desigualdad social año tras año. El aumento en el Coeficiente de Gini es una expresión de eso, el país latinoamericano mostró un valor de 0.517 en 2018, 0.526 en 2019, y 0.538 durante el año 2020. Según las Naciones Unidas, un coeficiente de Gini superior a 0,40 es alarmante. Estas cifras lo colocan en el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de Latinoamérica y el Caribe, después de Haití.
El 47% de las y los trabajadores están en la informalidad, es decir, 5,7 millones de personas. Según datos de la Universidad de los Andes, siete de cada diez trabajadores no contribuyen al sistema de seguridad social. La informalidad, además, es mucho más acusada y preocupante en el campo o en ciudades como Cúcuta, donde alcanza el 73%.
Pese a que se han previsto leyes para promover el primer empleo, otorgando incentivos a quién contrate jóvenes sin experiencia, durante el trimestre que va de mayo a julio del 2020, se presentó la menor tasa de ocupación en jóvenes: 34,9%. Esto significa que solo 3 de cada 10 jóvenes estaban ocupados, independientemente de si la actividad que realizaban era formal, por cuenta propia, permanente o temporal. Además se observa una importante brecha de género en la tasa de ocupación, ya que mientras la ocupación en hombres fue del 44,2%, la de la mujer joven solo fue del 25,5%.
Un Estado sistemáticamente represivo
A los datos y cifras de violencia que se sumaron estos últimos días, hay que agregarle un largo antecedente de violencia en el país. El pueblo de Colombia viene sufriendo persecuciones y asesinatos por parte de fuerzas armadas regulares e irregulares. Estas afectan principalmente a líderes sociales, defensores de derechos humanos, ex combatientes de FARC, trabajadores, firmantes de los acuerdos de paz y comunidades indígenas. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, durante el 2020 se asesinaron a un total de 386 personas de los grupos mencionados anteriormente.
Asimismo, comunidades enteras se encuentran confinadas por grupos armados ilegales, los que restringen su movilidad, y en algunos casos los obligan al desplazamiento forzado de familias indígenas de la zona.
Solo en el primer trimestre del 2021, más de 27.000 personas han sido víctimas de desplazamiento forzado, lo que representa un aumento del 177% respecto al mismo periodo de 2020 a causa del aumento de la violencia en varias regiones del país suramericano.
Según el Observatorio Femicidios Colombia – Red Feminista Antimilitarista, en el 2020 se han asesinado a 350 mujeres, de los cuales el 52% han sido cometidos por hombres en armas y en la modalidad de sicarios, crímenes que según informan desde el observatorio, engrosan las cifras de homicidios por enfrentamientos armados por disputas de territorios y economías ilegales, escondiendo su contenido específico de violencia feminicida.
Las y los trabajadores ante la crisis: Consignas y formas de lucha
Algunas de las consignas más importantes son: rechazo a asesinatos de líderes sociales; libertad a los y las detenidas; la constitución de una Mesa Regional de Concertación; garantía al ejercicio de los derechos sindicales; detener la agresión militar contra campesinos; que se garanticen los Derechos Humanos de las comunidades; conformación de Zonas de Reserva Campesina; defensa de sus territorios y del pueblo colombiano, los cuerpos de las mujeres no son botín de guerra, contra la opresión clasista, racista y patriarcal, el reciente pedido de la eliminación de la reforma tributaria, que el Congreso vote su archivo y niegue el proyecto de Ley 010 de Salud, ¡Duque para esta masacre!, que el gobierno nacional retracte la búsqueda de leyes neoliberales, detenga las intervenciones militares, y aplique justicia a las violaciones a los derechos humanos.
A lo largo de todo el 2020 observamos cómo las formas de lucha que adquirió el pueblo de Colombia fueron variadas, ya que consistieron tanto en movilizaciones, paros, protestas, caminatas, ataques a instalaciones policiales y a vehículos de servicio público, como también agotar vías institucionales como solicitudes de audiencias con el presidente y otros pedidos formales.
Por otro lado, en los días del Paro Nacional y del enfrentamiento en las calles contra el Escuadrón Móvil Anti Disturbio, se observaron formas de lucha cuerpo a cuerpo similares a las protagonizadas en las manifestaciones con enfrentamientos ocurridas en Chile o en Ecuador durante el año 2019 y 2020. Estas instancias de conflicto local y presencial, se presentan como grupos de personas que se enfrentan cuerpo a cuerpo, en desigualdad de condiciones y asimetría de obligaciones y responsabilidades, contra cuerpos especializados y armados, como lo son las fuerzas del orden de Colombia.
Podemos visualizar otras formas de lucha, que se realizan en el territorio virtual, generando tendencias y visualización en el mundo sobre lo que acontece en Colombia. Algunos ejemplos claros de ellos son:
-Se inundaron las redes sociales de videos que visibilizan la violencia institucional ejercida sobre el pueblo y esto llevó a una terrible censura por parte de los medios y redes sociales. Twitter, por ejemplo, suspendió la cuenta de Anonymous Colombia, por compartir contenido adquirido de forma ilícita o hackeada, según la red social. Eso no les impidió convertirse en tendencia en varios países de latinoamérica, en contra de dicha censura.
-Otra forma de lucha se puede advertir en la intervención que estudiantes realizaron, el 7 de mayo, en la transmisión en vivo por Youtube de la sesión de la ONU que se vió desbordada con mensajes de apoyo al pueblo de Colombia mediante el #SOSColombia.
-También los colectivos feministas realizan intervenciones culturales en las calles, así como solicitudes de apoyo a grupos feministas internacionales mediante formularios de google, cadenas y fotos de apoyo virtuales, etc.
La profundización del conflicto en las calles y la viralización en las redes sociales permitió visualizar la estructural e histórica crisis general que afecta al país. Desde lo económico, el Gobierno, presidido por Iván Duque, y sus antecesores, demuestran que la receta neoliberal ya conocida sólo genera desigualdad y aumento de la explotación laboral. Desde la política, Colombia demuestra un plan sistemático de persecución y asesinatos a líderes políticos, sociales y sindicales. Desde lo militar y paramilitar, se garantiza el aumento de la violencia y de la producción de cocaína.
En síntesis, el pueblo colombiano, está demostrando en las calles el límite humano y moral de años de neoliberalismo y narcotráfico, además de la necesidad urgente de transformar una realidad, donde las políticas de gobierno son cada día más hostiles y las acciones organizadas de su pueblo, más masivas y prolongadas.